Luego de dos jornadas consecutivas de movilizaciones de taxistas en San Lorenzo, el intendente Leonardo Raimundo estaría evaluando la posibilidad de prohibir definitivamente el uso de la aplicación Uber en la ciudad. La medida incluiría, además, un refuerzo en los controles para impedir que los conductores no habilitados por la Municipalidad puedan seguir operando a través de la plataforma.
La presión del sector formal del transporte, que el martes llevó adelante un paro y una concentración en la esquina de los bancos, parece haber empujado al Ejecutivo local a adoptar una postura más firme.
Durante la protesta, los taxistas reclamaron contra la proliferación de “taxis y remises truchos” y advirtieron que la falta de regulación efectiva está afectando seriamente sus ingresos. Según argumentan, la competencia desleal no proviene de las aplicaciones en sí, sino de quienes las usan sin contar con las habilitaciones correspondientes.
La legislación actual permite a los taxistas registrados operar con aplicaciones, algo que el propio sector defiende como legítimo. Sin embargo, exigen controles más severos para quienes se aprovechan del sistema para brindar servicios sin cumplir con las normas vigentes.
Hasta ahora, Raimundo se había mantenido al margen del conflicto, evitando asumir definiciones claras y permitiendo que el problema escale sin intervención efectiva. Pero el avance del descontento y la visibilidad del reclamo parecen haberlo forzado a involucrarse de lleno.
Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que se están analizando mecanismos legales para avanzar en una posible prohibición de Uber en San Lorenzo, al menos para los conductores que no estén debidamente habilitados.
La movida busca calmar el conflicto, pero también expone la falta de acción previa del intendente frente a una problemática que lleva meses creciendo. En vez de liderar un proceso de regulación y control, el mandatario dejó que la situación se agrave, generando un escenario de desorden que ahora intenta contener con una medida extrema.
El reclamo del sector formal es claro: controles, reglas parejas y freno a la competencia ilegal. Y la responsabilidad de garantizar eso recae directamente sobre el gobierno municipal. Si finalmente se prohíbe Uber en San Lorenzo, no será por una convicción programática, sino como reacción tardía ante una presión que ya no se puede ignorar.
