De cara a las elecciones del 29 de junio, el oficialismo del intendente Raimundo intensificó su estrategia de manipulación social en los barrios de San Lorenzo. Desde el inicio de la campaña, los bolsones alimentarios comenzaron a ser entregados a domicilio, no solo como forma de asistencia, sino como herramienta de control político.
En cada visita, los punteros solicitan datos personales y documentación, con un objetivo que quedó en evidencia a través de audios filtrados y publicados por DATA365: “La documentación que les pedimos es para saber si hay que llevarlos a votar”, justifican
El condicionamiento del voto ya operaba sobre quienes reciben la ayuda estatal regular, pero ahora se reforzó con la entrega de un suplemento especial -un bolsón adicional presentado como “mandado por el Dr. Oggero”- que endurece aún más la presión.
La mentira es evidente: Oggero es concejal, carece de competencia y por ende no tiene nada que ver con el reparto de alimentos, que corresponde al área de Desarrollo Social de la Municipalidad. Sin embargo, el relato busca instalar que si no se lo vota, se corta el beneficio, lo que a todas luces es falso. El mensaje es directo y perverso: Se trata de una amenaza que intenta convertir a los más necesitados en rehenes.
Saber si hay que llevar a alguien a votar no es un dato menor para el oficialismo. Lo hacen para luego poder comprar el voto: les piden a las personas que, una vez emitido el sufragio, envíen una foto que pruebe que eligieron al candidato oficialista, a cambio de dinero.
Este mecanismo sistemático ya fue expuesto en 2023 con las filas de personas que concurrieron a cobrar en la sede de la Asociación de Taxis y también en los últimos comicios, donde la policía detuvo a votantes que intentaban fotografiar la boleta dentro del cuarto oscuro.
La maniobra profundiza el uso clientelar de la ayuda social, con la que se busca garantizar fidelidad política en base al miedo y la dependencia. La necesidad de alimento es aprovechada de forma deliberada por el oficialismo para someter a los sectores vulnerables a una lógica perversa de “lealtad o castigo”.
Lejos de garantizar derechos, el oficialismo de Raimundo convierte las políticas sociales en un dispositivo de sometimiento. A través del miedo, disciplinan. A través del hambre, compran. Así funciona, una vez más, la maquinaria que no repara en usar la dignidad de la gente como instrumento electoral para sostenerse en el poder.
