Una comerciante que durante diez años sostuvo la cantina del Café Cultural fue notificada de la finalización de su vínculo laboral de la peor manera posible: por un mensaje de WhatsApp y a través de un intermediario al que, según ella misma relata, ni siquiera le correspondía comunicar una decisión de esa magnitud.
No hubo reunión, no hubo notificación formal ni instancia previa de diálogo. Solo un mensaje frío que puso fin a una década de trabajo. Así, la Municipalidad vuelve a quedar en el centro de la escena por una situación que, como mínimo, merece explicaciones.
Según expresa la propia trabajadora, su desempeño nunca registró inconvenientes ni en la atención ni en las condiciones de higiene, contando además con carnet de manipulación de alimentos y libreta sanitaria al día. Al finalizar el contrato el 31 de diciembre, se presentó a la licitación correspondiente, pero el espacio fue adjudicado a otra persona por una supuesta “mejor oferta económica”.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuáles fueron los criterios de evaluación?, ¿cómo se pondera la trayectoria, el cumplimiento y el vínculo con el espacio público frente a una oferta monetaria?
La falta de información clara vuelve a poner en duda la transparencia de los procesos licitatorios municipales. Cuando una persona que trabajó durante una década en un espacio cultural público se entera de su desplazamiento por WhatsApp, no solo se rompe una relación laboral: se desdibujan las formas institucionales y se instala una sensación de arbitrariedad difícil de justificar.
En ese marco, el slogan “Gestión de Todos” aparece cargado de ironía, porque si gestionar implica comunicar decisiones sensibles de manera informal y sin explicaciones públicas, lo “de todos” parece quedar reducido, una vez más, a decisiones tomadas entre pocos.
