El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco pidió la prisión preventiva efectiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el magistrado que paralizó la causa de “La Mamu” que involucra al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.
Bailaque fue acusado este miércoles por tres legajos diferentes: por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato.
A lo largo de los años este juez cobró notoriedad en el fuero judicial por “cajonear” o “planchar”, procesos de distintos casos. Desoyendo pedidos de la Fiscalía, Bailaque no avanzó en tomar indagatorias y otras medidas contra las personas que integrarían una organización dedicada a explotar sexualmente a mujeres y vender drogas, liderada por la “Mamu” en San Lorenzo. Entre las personas a indagar, se encuentra el mandatario sanlorencino.
Hoy se conoció que, como Bailaque tiene inmunidad de arresto por su cargo como magistrado de la Nación, el fiscal pidió al Consejo de la Magistratura que acelere la investigación que tiene a su cargo por el desempeño del juez, que podría eventualmente derivar en una suspensión o juicio político.
Velasco sostuvo que “están dados los elementos de convicción suficientes” para fundar el pedido de prisión del juez federal. Agregó que su rol actual puede generar “cierto riesgo de entorpecimiento en las investigaciones que llevan adelante” los propios fiscales. A modo de ejemplo, citó una suerte de “apriete” que profirió Bailaque a una empleada judicial que había sido citada a declarar en la causa.
Por su parte, el fiscal Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó embargar inmuebles del juez, una embarcación y un vehículo.
Las imputaciones al juez
En noviembre pasado, fiscales federales señalaron posibles irregularidades cometidas por el juez Bailaque en tres causas.
Una de ellas involucra el manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, donde el juez autorizó el envío de mil millones de pesos a una mutual de su amigo Fernando Whpei, en vez de a una entidad regulada.
Otra apunta a demoras en la causa por narcotráfico contra Esteban Alvarado, cuyo contador, Gabriel Mizzau, también llevaba las cuentas del juez. Mizzau fue imputado por asesorar al entramado societario de Alvarado y seguir en contacto con su exesposa condenada por lavado.
La tercera acusación refiere al supuesto armado de una causa contra el empresario Claudio Iglesias, a partir de una denuncia anónima que terminó con medidas judiciales en su contra, mientras el juez mantenía reuniones con el entonces directivo de la Afip Carlos Vaudagna. Este último, hoy “arrepentido”, confesó haber participado en extorsiones junto a funcionarios del sistema.
