Una causa federal que permaneció dormida durante años podría ahora tomar un nuevo impulso y poner en jaque la continuidad política del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo. La investigación que lo vincula con una red de trata de personas y narcotráfico liderada por una mujer conocida como “la Mamu” podría convertirlo en uno de los primeros funcionarios alcanzados por la Ley de Ficha Limpia en Santa Fe.
Sancionada en noviembre de 2022 por la Legislatura provincial, la Ley de Ficha Limpia impide que personas con antecedentes penales por delitos graves accedan o se mantengan en cargos públicos. “El objetivo es que los delincuentes no puedan ser candidatos electos ni reelectos en la función pública. Este es el primer paso para tener instituciones y funcionarios sin corrupción”, señaló en su momento el diputado de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco, uno de los impulsores del proyecto.
Ahora, el gobernador Maximiliano Pullaro busca dar un paso más: incluir esta norma en la reforma constitucional que comenzará a discutirse en la Convención Constituyente desde el 14 de julio. De concretarse, la Ficha Limpia pasaría a tener rango constitucional.
Una causa que podría cambiar el tablero político
En mayo de 2018, tres fiscales federales –Claudio Kishimoto, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo (estos dos últimos pertenecientes a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX)- solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque la indagatoria de doce personas involucradas en una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y venta de drogas en San Lorenzo. Entre los nombres señalados aparece el del actual intendente Leonardo Raimundo.
Según la investigación, la banda era liderada por la «Mamu», quien impartía órdenes a su pareja, sus hijas, yernos, miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios. Desde febrero de 2017, al menos 16 mujeres habrían sido captadas, trasladadas y obligadas a prostituirse, además de ser forzadas a vender estupefacientes.
Sin embargo, el expediente nunca avanzó. El juez Bailaque jamás respondió al pedido de los fiscales. Hoy, el magistrado enfrenta su propio escándalo: fue imputado por hechos de corrupción, cohecho y encubrimiento a redes narco y delictivas.
Días atrás, el juez de garantías Eduardo Rodrigues Cruz dictó prisión preventiva en su contra, aunque la medida no se hará efectiva hasta que el Consejo de la Magistratura lo desafuere. Mientras tanto, se le prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.
La reactivación de esta causa pone bajo la lupa a Raimundo. Si la justicia avanza y lo imputa formalmente, la Ley de Ficha Limpia podría impedirle competir electoralmente en el futuro. De convertirse en norma constitucional, no sólo quedaría inhabilitado para ser candidato, sino también para ocupar cualquier cargo público, aunque no exista condena firme.
Mientras tanto, en San Lorenzo crecen las versiones y las tensiones. Lo que parecía una causa enterrada en los cajones de un tribunal federal, hoy amenaza con sacudir el escenario político local y provincial.
