En plena carrera electoral, el concejal Gustavo Oggero volvió a mostrar una actitud cuestionable al presentar apresuradamente un proyecto de reconocimiento oficial basado en un argumento que fue públicamente desmentido.
Sin chequear debidamente los hechos, impulsó desde su banca –junto al bloque oficialista– un homenaje a una agente policial, alegando que había practicado maniobras de RCP a un bebé en convulsiones. Sin embargo, poco después, la madre del niño desmintió que se hayan realizado tales maniobras de reanimación cardiopulmonar.
El hecho ocurrió cuando una policía asistió a un bebé que sufrió convulsiones. Lejos de practicar reanimación cardiopulmonar, como afirmaba la versión inicial difundida, la agente contuvo a la criatura, la estabilizó y la trasladó de inmediato al hospital, donde logró recuperarse, pero no hizo RCP.
La intervención de la agente policial fue valiosa, pero lo que genera polémica es la conducta de Oggero, médico de profesión y candidato a la reelección, quien no dudó en utilizar la situación para reforzar uno de los ejes de su campaña: la promoción de capacitaciones en RCP. Sin confirmar los detalles, convirtió un hecho sensible en una herramienta de propaganda política.
La rapidez con la que se impulsó el proyecto, sin una mínima verificación, expone una grave falta de responsabilidad institucional. No se trató de un error menor: involucró a una fuerza de seguridad, la salud de un bebé y la emisión de un reconocimiento oficial del Concejo Municipal.
En lugar de actuar con el rigor que el cargo exige, Oggero priorizó el rédito electoral. Reconocer el accionar destacado de una agente es justo; distorsionar los hechos para sacar provecho político, es reprochable.