El exjuez federal Marcelo Bailaque, quien en su paso por los tribunales de Rosario acumuló denuncias por presuntas irregularidades y demoras en causas sensibles, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Esta vez, una denuncia presentada ante el Consulado de Brasil lo señala por haber frenado durante 14 años la investigación por el robo de casi 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, ocurrido en 2011, hecho que ahora tendría derivaciones internacionales.
La presentación fue realizada por Carlos Razzetti, hijo del dirigente peronista Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A en 1973, quien acusó al exmagistrado de haber “pisado la causa por un interés económico”, pese a las pruebas que demostraban la magnitud del robo. Según Razzetti, la inacción judicial permitió que parte de ese armamento terminara en manos del Comando Vermelho de Río de Janeiro, organización criminal involucrada en la reciente masacre en las favelas brasileñas que dejó más de un centenar de muertos.
El denunciante sostuvo que un fusil argentino, identificado como parte del lote sustraído del Ejército, apareció en Brasil durante un operativo contra narcotraficantes. Ese hallazgo, advirtió, “demuestra cómo la pasividad de la Justicia argentina facilitó el ingreso de armas al circuito ilegal internacional”.
Un juez bajo sospecha y con historia en San Lorenzo
La denuncia internacional contra Bailaque se suma a un historial de cuestionamientos por su desempeño en distintos expedientes. En el fuero federal de Rosario, el ahora exmagistrado fue conocido por “cajonear” o “planchar” causas de alto impacto político y social. Una de ellas involucra al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, en un proceso por trata de personas que permaneció paralizado durante años en su juzgado.
De acuerdo con fuentes judiciales, Bailaque desoyó reiterados pedidos de los fiscales Claudio Kishimoto, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo para avanzar con indagatorias y medidas de prueba contra los integrantes de una organización presuntamente dedicada a explotar sexualmente a mujeres y vender drogas en la ciudad de San Lorenzo.
La estructura criminal, según la investigación, habría sido liderada por una mujer conocida como “la Mamu”, y contaría con la protección del jefe del gobierno local, según se desprende de la denuncia de una de las víctimas. Los fiscales consideran que existen evidencias suficientes para acreditar la captación, traslado y explotación de al menos dieciséis mujeres.
Con la renuncia de Bailaque, que se produjo mientras enfrentaba un jury de enjuiciamiento por presunto cohecho, prevaricato y vínculos con el narcotráfico, el expediente quedó liberado para retomar su curso. De este modo, el intendente Raimundo -quien durante años evitó el avance judicial gracias a la parálisis del magistrado- vuelve a quedar expuesto al impulso de la investigación.
