La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ordenó una serie de allanamientos, uno los cuales involucra al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, ya denunciado ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y vínculos sospechosos con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado.
Es el mismo magistrado que mantiene paralizada la causa por trata de personas que involucra al intendente municipal Leonardo Raimundo. Desoyendo pedidos de la Fiscalía, Bailaque no avanza en tomar indagatorias y otras medidas contra las personas que integrarían una organización dedicada a explotar sexualmente a mujeres y vender drogas, liderada por la “Mamu” en San Lorenzo.
Este jueves, agentes de Gendarmería Nacional y Policía Federal desplegaron en simultáneo requisas repentinas sobre el juzgado de Bailaque, en Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, y también sobre las sedes de la ex Afip en Rosario y un estudio jurídico.
Se supo que en la requisa al despacho del juez federal los gendarmes secuestraron el teléfono móvil del juzgado y documentación, en busca de pruebas sobre delitos tributarios conexos a investigaciones sobre narcotráfico.
Con estos allanamientos, la PROCELAC puso otra vez en el ojo de la tormenta a Bailaque, tras la denuncia de la diputada provincial Lionella Cattalini ante el Consejo de la Magistratura.
La legisladora socialista acusa al magistrado de sostener una connivencia con Alvarado desde hace más de 10 años, cuando su nombre emergía como una figura del hampa en ascenso y sin embargo no prosperaba ninguna investigación en su contra.
A su vez, la diputada reveló que el juez y el narco compartían el mismo contador público, Gabriel Mizzau, y que Bailaque incluso facilitó el ingreso del hijo del profesional como empleado del Tribunal Federal.
