El titular del medio de comunicación preferido del intendente Raimundo para instrumentar sus campañas de desprestigio contra adversarios políticos -el empresario periodístico Nicolás Carugatti titular de SL24– y su “socio” Mariano Brajkovic podrían sentarse próximamente en el banquillo de los acusados.
La fiscal María Verónica Marcantonio solicitó formalmente la elevación a juicio contra ambos, acusados de tentativa de extorsión al empresario portuario Juan Manuel Ondarcuhu. La causa se tramita en el Juzgado de Garantías de San Nicolás, a cargo del juez Ricardo Prati.
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por Ondarcuhu, quien aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio en medios de comunicación tras su ingreso a Puerto General San Martín, donde comenzó a prestar servicios de estibaje en competencia con las empresas de Brajkovic. Según la denuncia, la campaña buscaba desacreditarlo y perjudicar su negocio.
En su defensa, Brajkovic y Carugatti negaron las acusaciones mediante escritos presentados durante la investigación. Ambos sostuvieron que la denuncia carece de fundamento y afirmaron que los hechos relatados «nunca ocurrieron». Brajkovic incluso declaró que “nunca tuvo que atravesar situaciones como esta, ni siquiera por una multa de tránsito”.
Sin embargo, la fiscal Marcantonio considera que existe suficiente evidencia para sostener la acusación. Según el dictamen, entre diciembre de 2022 y la fecha, Brajkovic —propietario de Brayco Rental— y Carugatti —dueño de SL24— habrían ejecutado un plan organizado de intimidación contra Ondarcuhu, accionista de la empresa Terminales y Servicios, con el objetivo de forzarlo a abandonar su operación en el puerto y permitir que Brayco Rental ocupara su lugar.
La fiscal presentó como pruebas 14 publicaciones periodísticas contra Ondarcuhu y la declaración de Federico Yoli, abogado del sindicato portuario SUPA de Puerto General San Martín.
Yoli afirmó haber asistido a una reunión en la que Carugatti manifestó su intención de colaborar para que la empresa de Brajkovic se convierta en proveedora del servicio de estiba en la región. Agregó que los acusados habrían presionado a otros actores del sector mediante injurias en publicaciones para lograr sus objetivos comerciales.
En su escrito, la fiscal subraya que al abogado sindical “le consta la relación existente e intereses conjuntos” de Carugatti y Brajkovic y agrega: “Que el objetivo de estas dos personas es presionar a todo otro actor que tenga poder de decisión en la elección de las empresas de estiba que vayan a trabajar en la región. Que en las publicaciones van nombrado distintos actores agraviándolos e injuriándolos con el objeto de presionarlos a los fines de obtener un decisorio favorable hacia ellos”.
El requerimiento de elevación a juicio continúa en trámite, a la espera de la resolución del juez Prati sobre si la causa avanzará a la etapa de debate oral.
