Los concejales que responden al intendente municipal de San Lorenzo decidieron archivar un proyecto presentado por la oposición, que solicitaba a la Justicia copias del expediente de la causa en la que se investiga la presunta vinculación de Leonardo Raimundo con delitos graves, como tráfico de drogas y explotación sexual.
El proyecto de Resolución -que, por haber sido archivado, ya no podrá volver a tratarse en el presente período legislativo- demuestra que el intendente Raimundo se encuentra señalado en un expediente judicial que data del año 2018, y que, a pesar de los años transcurridos, aún permanece sin avances en el Juzgado Federal de Rosario, a cargo del cuestionado juez Marcelo Bailaque, el mismo magistrado federal a quien acusan de relacionarse con el jefe narco Esteban Alvarado.
En dicho expediente, los fiscales Claudio Kishimoto, Alejandra Mángano y Marcela Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) acusan al intendente de «encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
En la causa, los fiscales afirman que la organización delictiva «había logrado garantizar su impunidad gracias al accionar del intendente», permitiendo la continuidad de actividades ilegales en el inmueble de boulevard Oroño Nro. 831, donde, bajo la fachada de un kiosco denominado “Drugstore Oroño”, operaba un prostíbulo.
Los mismos funcionarios judiciales destacaron que “como autoridad suprema del Municipio, Raimundo tenía a su alcance las herramientas necesarias para poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomó ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente-prostituyente”.
Basado en lo expresado por los fiscales, el proyecto destaca que los delitos referidos eran practicados por una banda que encabezaba Miriam Norma Soto conocida como “La Mamu” integrada por un grupo de personas que fueron detenidas en allanamientos concretados por efectivos de Gendarmería Nacional luego de dos años de investigación, y que hoy se encuentran en distintas situaciones judiciales.
En la misma causa consta el testimonio de una mujer que afirma haber conocido al intendente en una cena de campaña y que un taxista solía llevarla a la casa de Raimundo por las mañanas para ser obligada a tener encuentros sexuales con el funcionario, asegurando que de ello dependía la continuidad de su actividad delictiva, situación que se menciona en el proyecto de Resolución archivado por la mayoría de los concejales oficialistas que responden políticamente al mandatario municipal.
Además, la iniciativa hacía un pedido formal de “celeridad en las etapas judiciales que permitan el esclarecimiento, enjuiciamiento y condena o sobreseimiento de los involucrados, atento a que se relaciona con la principal figura institucional de San Lorenzo” y destaca que “el intendente Leonardo Raimundo sigue vinculado a la investigación”.
La oposición cuestionó que el proyecto haya sido archivado ya que, de esa forma, se impide que los vecinos y vecinas conozcan la verdad sobre la posible implicación del intendente en actividades delictivas, en un contexto de alta desconfianza hacia los gobernantes y con una comunidad conmovida que sigue reclamando saber qué pasó con Paula Perassi, quien mató a Andrea Portillo y la aparición con vida de Sofía Delgado.
