Juan César Acosta tenía 76 años. Vivía solo en la tranquilidad de su casa de calle Hipólito Yrigoyen al 2200. Pero a las cuatro de la tarde del lunes 14 de abril su vida cambió para siempre: fue víctima de un violento asalto que terminó con su muerte, tras agonizar durante casi un mes después, en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La noticia sacudió al barrio y volvió a exponer el creciente nivel de violencia de los delitos que se registran en la ciudad.
El caso no es un hecho aislado. La modalidad violenta del robo -donde dos mujeres lo maniataron con una remera y un cinturón, lo golpearon en la cabeza y le robaron elementos que se llevaron en un bolso- parece una postal cada vez más habitual en San Lorenzo. Lejos de los arrebatos ocasionales o los robos al voleo, este caso se inscribe en una escalada que preocupa: delitos cada vez más crueles, más premeditados, más brutales.
El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero imputó a las dos sospechosas, Silvina Beatriz M. (35) y Nerina María de los Ángeles R. (29), por el delito de robo calificado con uso de violencia y lesiones graves. Ahora, con la muerte de Acosta, la carátula ahora se agrava aún más.
Ambas mujeres fueron detenidas en distintas circuntancias: una se entregó a un móvil policial en Clemente Albelo y Eva Perón tras pedir a la policía que la llevara a despedirse de sus hijas; la otra fue capturada tras una persecución por los techos de viviendas vecinas, tras un allanamiento en calle Celedonio Escalada. A ellas se suma un tercer implicado, Rubén M., acusado de encubrimiento agravado.
Silvina Beatriz M. y Rubén M., dos de los detenidos e imputados
Los vecinos están consternados. El barrio habla del crimen de Acosta y de la sensación de que nadie está a salvo. La inseguridad ya no se limita a ciertos sectores o determinados horarios. Y crece la indignación frente al contraste entre los discursos oficiales y la realidad diaria.
Mientras las autoridades insisten en que hay más efectivos policiales patrullando las calles, que se han sumado fuerzas federales de Gendarmería y Prefectura para reforzar la seguridad, lo cierto es que los hechos de violencia no disminuyen. Al contrario: se multiplican, se intensifican, se tornan más despiadados. ¿De qué sirve más presencia policial si la gente sigue muriendo a manos de delincuentes?
La muerte de Juan César Acosta no es solo una tragedia personal o un expediente judicial. Es, también, un nuevo llamado de atención a una comunidad que asiste atónita a la degradación del tejido social. Y a un Estado que, pese a sus anuncios y estadísticas, no logra frenar la violencia que avanza, sin pausa y sin piedad.
