En apenas cinco días, el gobierno del intendente Leonardo Raimundo distribuyó $20.000.000 bajo el rótulo de supuestas ayudas para “autoconstrucción, mejoras y mantenimiento de viviendas”. Pero la planilla oficial filtrada no deja dudas: los montos entregados -algunos tan irrisorios como $20.000, apenas lo que cuestan 20 ladrillos- no están pensados para mejorar ninguna casa. Son parte de otra construcción: la del aparato clientelar que sostiene al oficialismo en el poder.
La rendición de gastos Nº 011/2025, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, enumera transferencias realizadas entre el 4 y el 9 de abril. El patrón se repite: pagos idénticos de $20.000, $40.000 y hasta $100.000, otorgados con discrecionalidad, sin planificación, sin auditoría, sin control. Y, sobre todo, sin impacto real en el drama habitacional que vive San Lorenzo.
Porque mientras los asentamientos irregulares crecen y cientos de familias siguen esperando una solución concreta, la Municipalidad destina el dinero que recauda a través de la Tasa General de Inmuebles -el aporte que cada vecino hace con la esperanza de vivir en una ciudad más digna- a financiar una red de subsidios que no resuelve nada, salvo fidelizar voluntades electorales.
La maniobra es aún más grave cuando se recuerda el espíritu original de la Ordenanza Nº 1835, que en su artículo 9 inciso 2 crea el “Fondo de Viviendas” precisamente para construir viviendas o implementar políticas habitacionales de fondo, no para repartir recursos de manera arbitraria con fines meramente electorales.
Lo que está ocurriendo en San Lorenzo no es un error administrativo: es una decisión política sostenida en el tiempo, que desnaturaliza el uso de los fondos públicos y podría configurar un delito penal de malversación de fondos públicos.
El contraste con la vecina ciudad de Puerto General San Martín es tan evidente como incómodo. Allí, bajo la conducción de Carlos De Grandis, se levantaron barrios enteros en los últimos años. Con una población y recursos municipales comparables, esa ciudad vecina logró avanzar con obras que cambiaron la vida de cientos de familias. En el mismo tiempo en que San Lorenzo multiplicó planillas de subsidios, Puerto construyó viviendas reales.
Aquí, en cambio, la gestión de Raimundo parece haber renunciado por completo a pensar en soluciones estructurales. No hay planes de viviendas, no hay proyectos en carpeta, no hay voluntad de transformar el mapa social de la ciudad. Hay, sí, una clara prioridad: sostener el modelo de dependencia a través de pequeñas “ayudas” que actúan como moneda de cambio en épocas electorales.
Porque cuando un Estado local decide no construir viviendas, aun teniendo los recursos y el marco legal para hacerlo, no es por falta de posibilidades. Es por falta de voluntad. Y esa omisión deliberada, esa renuncia a gestionar lo esencial, termina construyendo algo mucho más peligroso: una ciudadanía rehén de su propio municipio.
¿Cuánto tiempo más se va a usar la necesidad como herramienta política? ¿Hasta cuándo se va a alimentar con fondos públicos un sistema que reemplaza derechos por favores? San Lorenzo no necesita más subsidios. Necesita un gobierno que deje de mirar la urgencia como oportunidad electoral y empiece a asumir responsabilidades de verdad.
