En la sede de la Delegación San Lorenzo de AMSAFE, la delegada departamental Adriana Monteverde y el secretario general provincial Rodrigo Alonso brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la situación docente tras la última reunión paritaria convocada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
Monteverde explicó que el encuentro con periodistas tenía como fin que Alonso detallara “cuáles fueron los resultados del último encuentro que no podemos llamar paritario” y las estrategias que están definiendo “los trabajadores y las trabajadoras de la educación” ante la falta de propuestas oficiales.
Por su parte, en relación a la discusión con el gobierno provincial, Alonso señaló que “ya no son en un marco paritario” porque la administración Pullaro “vacía la discusión” y presenta propuestas que “se imponen” y luego se implementan “por decreto”, sin negociación real. Calificó de “vergonzoso” que, tras pedir una semana para elaborar una propuesta, el Ejecutivo concurriera a la reunión sin llevar ninguna.
El dirigente advirtió que los docentes no llegan a fin de mes y que un maestro que recién se inicia percibe $770.000, “muy por debajo de la línea de pobreza”, contradiciendo al gobierno que sostiene que el salario le ganó a la inflación. Según explicó, en el primer semestre los activos recibieron aumentos por debajo de la inflación acumulada y los jubilados, con 60 días de retraso en la actualización, tuvieron aún menos.
Para Alonso, la propuesta que el gobierno debe presentar el lunes debe contemplar tres puntos: no perder contra la inflación en 2025, recuperar lo perdido en 2024 y saldar la deuda salarial de 2023. A ello sumó un cuarto: el pago simultáneo de aumentos a jubilados y activos. “Es inadmisible que porque un compañero se haya jubilado tenga que esperar 60 días para cobrar el aumento”, subrayó.
También advirtió que el gremio analiza “judicializar” algunos temas, aunque recordó que en el caso previsional ya agotaron las instancias y están a la espera del fallo de la Corte Suprema, con “muy pocas expectativas favorables”.
Adriana Monteverde y Rodrigo Alonso
Además, acusó al gobierno de incumplir su “contrato electoral” que prometía cláusula gatillo, aumentos por encima de la inflación, respeto de derechos de activos y jubilados, y cumplimiento de paritarias: “Ninguna de estas ocho cosas el gobierno la cumplió”, afirmó.
Monteverde agregó que la reforma previsional provincial modificó las condiciones jubilatorias, afectando especialmente a las mujeres, y que AMSAFE siempre ha estado en la calle, encabezando luchas “independientes de los partidos políticos y de los gobiernos de turno”, defendiendo tanto a los trabajadores de la educación como el derecho a la escuela pública.
En cuanto a las medidas de fuerza, recordó que “el paro no es la única herramienta” y que las acciones se definen colectivamente en asambleas departamentales y provinciales.
Sobre concursos y traslados, ambos dirigentes denunciaron que desde 2008 estos procesos se realizaban anualmente por acuerdos paritarios con todos los gobiernos anteriores, pero que Pullaro incumplió el acta que fijaba para 2024 la convocatoria en los niveles inicial, primario y modalidad especial. Esto genera que docentes permanezcan trabajando lejos de su lugar de residencia o en condiciones laborales inestables.
Reforma constitucional
Finalmente, se refirieron a la reforma constitucional en marcha. Alonso sostuvo que la provincia debe incorporar que “la educación es un derecho social” y no un “servicio” -lo que abriría la puerta a la “mercantilización educativa”-, y que el Estado tiene una “responsabilidad indelegable” de garantizarla con obligatoriedad, recursos y respeto a los derechos laborales.
También propuso modificar el artículo 21 para que el sistema jubilatorio sea “público, solidario, de reparto y estatal”, con una caja provincial “intransferible” y un haber mínimo del 82% móvil, pagado en simultáneo con los activos. Monteverde remarcó que actualmente hay jubilados que cobran por debajo de ese porcentaje debido a la reforma previsional impulsada por el gobierno.
“Para nosotros la Constitución va a ser mejor si se amplían los derechos”, concluyeron, defendiendo como ejes centrales el derecho social a la educación y una jubilación digna. Ambos proyectos fueron presentados en la Comisión de Declaración de Derechos y Garantías y expuestos ante el plenario de convencionales.
