Durante una audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías en el marco del debate por la reforma constitucional santafesina, Maximiliano Lara —miembro del Espacio por la Memoria del Cordón Industrial y del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos— presentó un proyecto que propone incorporar con rango constitucional las políticas de memoria, verdad y justicia. “No podemos dar por sentados los derechos. Se luchó para conseguirlos y se debe seguir luchando para sostenerlos”, afirmó en su intervención.
La propuesta, elaborada colectivamente por organismos de derechos humanos de toda la provincia, apunta a actualizar la Constitución santafesina, vigente desde 1962, es decir, anterior al golpe de Estado de 1976. “Consideramos que era una buena oportunidad para debatir qué entendemos como esencial en una nueva Constitución. Por eso, impulsamos una cláusula que preserve el estado de derecho y garantice el pluralismo político, social, de género y de creencias”, explicó Lara a DATA365.
El texto del proyecto propone incorporar un artículo específico que prohíba de manera explícita la negación y la apología de crímenes de lesa humanidad. Además, contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a quienes hayan participado en tales delitos o los hayan justificado. “La vigencia de la democracia debe quedar protegida frente a cualquier intento de retroceso, incluso si proviene desde adentro del mismo Estado”, sostuvo.
En línea con el artículo 36 de la Constitución Nacional, la iniciativa garantiza la validez de la Carta Magna provincial aún si un acto de fuerza pretendiera suspenderla. También reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir legítimamente ante cualquier acción que busque suprimirla.
Entre sus principales ejes, el proyecto plantea:
- Constitucionalizar el respeto al pluralismo y la diversidad, prohibiendo toda forma de violencia o estigmatización por razones ideológicas, raciales, sexuales o religiosas.
- Reconocer la memoria histórica reciente como parte del patrimonio inalienable de la sociedad santafesina.
- Prohibir cuerpos policiales con secciones especiales destinadas a la represión política o ideológica.
- Consolidar derechos colectivos fundamentales como el derecho a la protesta, a la huelga, a la reunión y a la libertad de expresión.
- Incorporar contenidos educativos obligatorios sobre memoria, género, diversidad y derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo.
El contexto nacional también motivó la urgencia de la propuesta. Lara alertó sobre “una creciente violencia institucional y discursos públicos que promueven el odio”, y criticó con dureza los dichos del gobernador Maximiliano Pullaro, quien aseguró que en la nueva Constitución no debía quedar “ningún concepto garantista”. Según Lara, “ese tipo de afirmaciones son funcionales a una política de mano dura que pretende eliminar derechos, cuando justamente los derechos existen para proteger a todos, no solo a los inocentes”.
Asimismo, expresó preocupación por el fallo en el caso del policía Nocelli, que actuó con violencia desmedida y fue reivindicado por autoridades: “Ese fallo fue hecho a la medida de Pullaro. Es gravísimo. Legitima la violencia del Estado y da carta blanca a la represión”.
“Estamos viendo una validación cada vez más abierta de discursos punitivistas, autoritarios, incluso de odio. No podemos quedarnos mirando cómo se vulneran derechos en nombre de la seguridad. Por eso creemos que es urgente elevar estas garantías al rango constitucional”.
Al cierre de su intervención, Lara subrayó que “no puede haber democracia sin memoria, ni justicia sin derechos. Incorporar estos principios a la Constitución es el paso necesario para blindar institucionalmente las conquistas logradas”. Y finalizó con una consigna ya histórica: “En nombre de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos: presentes. Ahora y siempre”.
