(Foto: Apertura de sobres de la licitación pública 094/24)
Días atrás, en la Sala de Prensa Municipal de San Lorenzo se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública 049/24, convocada el pasado 22 de julio por el Decreto 525 del intendente Raimundo, con el objeto de “contratar la provisión de mercaderías para el armado de bolsones, destinados a familias carenciadas” a pedido de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria.
Con un presupuesto de casi 298 millones de pesos, la Municipalidad se dispuso a comprar 20 mil unidades de harina, azúcar, aceite, arroz, fideos, yerba, puré de tomate, leche en polvo y té, totalizando 180 mil unidades de estos productos.
El llamado a licitación solo se publicó en el portal web de la provincia, pero no figura en el apartado específico del sitio digital de la Municipalidad de San Lorenzo y no tuvo publicidad en medios locales de comunicación, con lo cual, difícilmente algún empresario de la ciudad podría haberse enterado para concursar.
Llamativamente una firma sí se enteró y se convirtió así en la única oferente. Hay otros aspectos que no dejan de llamar la atención: la misma empresa ya resultó adjudicada en oportunidades anteriores aunque, según su constancia de AFIP, no comercializa específicamente el tipo de productos que se solicitan en el llamado a licitación, sino golosinas.
¡Qué caro!
Siguen los datos curiosos: El presupuesto oficial, elaborado por la Municipalidad de San Lorenzo, para este llamado a licitación contiene precios superiores a los que ofrecen los distribuidores mayoristas de la ciudad dedicados específicamente al rubro de alimentos.
Pero, además de que la propia Secretaría de Desarrollo Social estima precios elevados, el único oferente, a su vez, cotizó por un total de 342 millones de pesos, es decir, 44 millones de pesos por encima del precio (ya elevado) fijado por la Municipalidad.
En conclusión, el precio que paga la Municipalidad es mucho más alto que el que cualquier vecino puede encontrar en la góndola de los supermercados de la zona. Comparemos: Una caja de leche en polvo de 800 gramos, marca Franciscana, la Municipalidad la paga $7.200 cuando una de marca superior (La Paulina), puede conseguirse en un supermercado a $6.200. Una harina de un kilo, marca Cañuelas, la Municipalidad la paga $950, cuando en el súper (misma marca) se consigue a $765. El kilo de azúcar, el estado municipal lo paga $1.150, cuando en el comercio minorista se consigue a $660.
Y así ocurre con todos los productos, lo que se agrava teniendo que el gobierno municipal compra al por mayor y el ciudadano hace una compra minorista.
Para que quede más clara la comparación: Un comerciante local, a pedido de DATA365 presupuestó los mismos productos por $205.618.200; la Municipalidad hizo la convocatoria por un precio total en $297.997.400 y el único oferente cotizó $342.100.100. Si hacemos la cuenta, entre ambas puntas nos da una diferencia de $136.481.800 de sobreprecio, un monto que el Estado local podría ahorrarse o destinar a más prestaciones sociales en un contexto de marcadas necesidades de grandes sectores de la comunidad.
Por estas horas, desde al área respectiva, se analiza esta única oferta que, si nos atenemos en lo ocurrido en licitaciones anteriores con el mismo oferente, podría ser aprobada, a pesar del marcado sobreprecio.
Suspensión y preguntas sin respuestas
La situación se da, además, en un marco muy particular ya que esta semana en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social colocaron letreros en los que se informa: “Se suspende la entrega de bolsones desde el 26 al 30 de agosto”, fecha que podría prolongarse, ya que el mismo mensaje agrega “Hasta nuevo aviso”, con lo cual no queda claro si la suspensión es solo por estos días o hasta que las autoridades avisen.
Preguntas (por ahora, retóricas): ¿Por qué no se presentan más oferentes de San Lorenzo?, ¿será porque no se enteran del llamado? ¿La Municipalidad de San Lorenzo digita el resultado de las licitaciones? ¿Cuáles son los motivos por los que suspendieron la entrega de bolsones desde acción social? ¿Existen desvíos y corrupción?. Y, si tenemos en cuenta que los productos son destinados a familias carenciadas, ¿hacen negociados con el hambre de la gente?
