El juez federal Marcelo Bailaque, cuyo despacho fue allanado recientemente, es imputado este jueves en los tribunales federales de Rosario por tres fiscales que investigan su presunto accionar irregular. La audiencia, que comenzó al mediodía de este jueves y que se extiende tras varios cuartos intermedios, podría incluir solicitudes de medidas cautelares.
Recordemos que este magistrado, (que a lo largo de los años cobró notoriedad en el fuero judicial por “cajonear” o “planchar”, procesos de distintos casos) es el mismo que mantiene paralizada la causa por trata de personas que involucra al intendente municipal Leonardo Raimundo.
Desoyendo pedidos de la Fiscalía, Bailaque no avanza en tomar indagatorias y otras medidas contra las personas que integrarían una organización dedicada a explotar sexualmente a mujeres y vender drogas, liderada por la “Mamu” en San Lorenzo.
Entre las investigaciones en contra del juez federal de Rosario, destaca el manejo de mil millones de pesos de la intervenida cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín. En un conflicto de competencia, el juez Adrián González Charvay de Campana bloqueó esos fondos, y Bailaque decidió depositarlos en una mutual del empresario Fernando Whpei (su amigo personal) en lugar de en el Banco Nación o Macro. Esta decisión fue cuestionada por estibadores y la Cámara de Apelaciones la revirtió, señalando posibles irregularidades y vínculos personales entre Bailaque y Whpei.
Carlos Pagni, El Trece
Otra causa involucra al narcotraficante condenado Esteban Lindor Alvarado. Se señala que Gabriel Mizzau, contador personal de Bailaque, también firmó balances de empresas vinculadas a Alvarado, y que su hijo trabajó en el juzgado del juez. Además, fiscales provinciales han cuestionado la inacción de Bailaque en investigaciones previas sobre Alvarado, indicando que ignoró pruebas clave y rechazó pedidos de intervención contra el narcotraficante.
La última investigación, motivo de los allanamientos recientes, se relaciona con presuntas maniobras para perjudicar a Claudio Iglesias, quien iba a asumir como presidente de la aseguradora San Cristóbal. Una denuncia anónima por evasión y lavado de activos resultó en allanamientos ordenados por Bailaque, quien luego dictó falta de mérito. Iglesias, sin embargo, no pudo asumir su puesto, y se investiga si hubo información filtrada desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para beneficiar a terceros. En esta trama también están implicados funcionarios de ARCA y Aduana, además del abogado Omar Rizzo.
Estas acusaciones, junto con un proceso en el Consejo de la Magistratura, ponen en cuestión la conducta del juez Bailaque en múltiples frentes.
Sin imágenes
Un dato que llamó la atención en la extensa audiencia imputativa al juez Bailaque que se lleva a cabo este jueves, fue que por disposición oficial no pudieron ingresar fotógrafos ni camarógrafos a la Sala de los Tribunales Federales de Rosario, por lo que no hay imágenes de lo que sucede. Mientras tres policías protegen al juez de la vista de la prensa, tampoco pueden ser utilizados teléfonos celulares ni para tomar registro escrito.
De este modo, aún no hay posibilidad de ver al magistrado en el banquillo de los acusados.
