Un nuevo caso de desidia institucional conmueve a la ciudad. Mientras el gobierno provincial anuncia mejoras para el hospital local, la realidad golpea con crudeza a una familia que vivió el abandono del sistema de salud en carne propia.
Alberto Nicolás Leguizamón, de 64 años, murió el sábado en su casa de calle Alemania al 800, en el barrio Islas Malvinas, tras sufrir una descompensación y esperar en vano más de una hora por una ambulancia del hospital Granaderos a Caballo que nunca llegó.
Según relataron los familiares, tras el episodio de salud llamaron al servicio de emergencias médicas 107. A pesar de insistentes comunicaciones, nunca se les informó de demoras ni otras urgencias: la única respuesta fue que la ambulancia “ya salió para el domicilio”. Esa promesa incumplida se repetiría durante más de una hora, mientras Leguizamón, aún con signos vitales, aguardaba sentado en un sillón.
Al ver que la ayuda no llegaba, la familia decidió llamar a la policía. Los efectivos también intentaron contactar al 107, sin éxito. Para cuando el móvil policial arribó al lugar, Leguizamón tenía pulso, pero su estado se agravó y falleció poco después, sin haber recibido asistencia médica.
La ambulancia que finalmente se hizo presente no fue del hospital local, sino de la vecina ciudad de Capitán Bermúdez. No llegó para asistir a una urgencia, sino para trasladar el cuerpo del hombre fallecido. La escena fue desgarradora: familiares y vecinos, entre la impotencia y el dolor, presenciaron el traslado mientras aún intentaban entender cómo el sistema de emergencias puede fallar de manera tan brutal.
Como si fuera poco, la familia debió enfrentar una segunda odisea burocrática. El médico policial en turno no entregó el certificado de defunción hasta las 20 horas, lo que obligó a los allegados de Leguizamón a trasladarse dos veces al Instituto Médico Legal de Rosario, en una situación que describieron como “una muestra más de la inoperancia”.
El hecho ocurre en un contexto particularmente sensible: el gobierno de Santa Fe acaba de anunciar que el hospital Granaderos a Caballo pasará a ser un efector de categoría provincial con gestión descentralizada. Se trata de una promesa que el gobernador Maximiliano Pullaro ya había formulado en febrero, pero que volvió a tomar vigencia en las últimas horas tras denuncias por presunta mala praxis y crecientes reclamos.
En paralelo, trascendió que el cuestionado director del nosocomio, el Dr. Eduardo Ros -médico y candidato a concejal del espacio oficial del intendente Raimundo- será desplazado de su cargo. Su gestión venía siendo duramente criticada tanto por trabajadores del hospital como por sectores de la comunidad.
Lo ocurrido con Leguizamón pone en evidencia, una vez más, la profunda crisis del sistema de salud pública local, que ni siquiera logra garantizar lo más básico: una ambulancia a tiempo para asistir a un vecino que pelea por su vida.
