El concejal oficialista Gustavo Oggero volvió a quedar en el centro de la polémica al ausentarse el jueves del Concejo de San Lorenzo para participar de una actividad que no le es propia a su rol de legislador: una entrega de cheques del Ejecutivo local.
Durante la mañana -mientras en el Concejo se llevaban a cabo las comisiones en las que los ediles tratan temas de interés para la ciudad- Oggero formó parte de un acto en la oficina de empleo municipal, en el que se distribuyeron cerca de 40 cheques de 100.000 pesos cada uno a los asistentes.
¿En carácter de qué un concejal entrega cheques del Ejecutivo? Su presencia en estos eventos desdibuja por completo la función institucional que debe cumplir. “Podemos entregar estos cheques gracias a la mayoría que tenemos en el Concejo”, dijo Oggero, vinculando la ayuda económica con el respaldo electoral al oficialismo.
No es la primera vez que Oggero se ausenta de sus funciones legislativas para participar de este tipo de actividades, lo que refuerza las críticas sobre su doble rol como concejal y operador político del Ejecutivo. En este sentido, cabe destacar que un concejal tiene como misión fiscalizar precisamente al Ejecutivo y legislar, no repartir dinero del Estado en actos partidarios.
Poca transparencia
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de transparencia en torno a la asignación de estos fondos públicos. Los subsidios se instrumentan a través de decretos del Ejecutivo, es decir, del intendente Leonardo Raimundo, que no se publican en la página web oficial de la Municipalidad.
Este hecho no es aislado. Forma parte de un entramado más amplio que ha sido bautizado como el “Plan Platita” de Raimundo: la compra de voluntades de adversarios políticos a través de subsidios y cargos públicos, la entrega de bolsones puerta a puerta a cambio del voto, y el reparto de dinero condicionado a la foto del voto en el cuarto oscuro.
Mientras en el Concejo se discuten temas claves para la ciudad, Oggero prioriza actos de campaña disfrazados de gestión. Todo bajo una lamentable lógica cada vez más consolidada: la conversión del Estado en una herramienta para las elecciones.
