Darío Pascual integra una de las más de 60 familias de barrio Villa Felisa de San Lorenzo que enfrentan la amenaza de ser desalojadas de sus viviendas debido a un reclamo judicial de la inmobiliaria rosarina Vanzini, que asegura ser la legítima propietaria de los terrenos y busca revender los lotes.
En la mañana del miércoles, el vecino tomó la extrema medida de encadenarse en las puertas de la Municipalidad “para que el señor intendente tome cartas en el asunto”, porque según señaló, “no hizo absolutamente nada”.
Pascual hizo así referencia a distintas medidas que se aprobaron en el Concejo Municipal (a donde se dirigieron los vecinos afectados), algunas de las cuales involucran al Departamento Ejecutivo, como un pedido de intervención directa para costear los gastos de un equipo jurídico que pueda defenderlos y la realización de un relevamiento en el barrio para individualizar la situación particular de cada frentista.
Según Darío, el intendente Raimundo “nos trata como a leprosos cada vez que venimos a la Municipalidad, nos ignora” y, tras aclarar que su protesta fue individual para “no exponer a los vecinos”, expresó que la medida de encadenarse, continuaría “hasta que el señor intendente salga, de la cara y de una buena vez nos dé una respuesta contundente”.
Aproximadamente uno hora después de iniciado su reclamo en la puerta del palacio Municipal, el vecino desistió de su protesta cuando le anunciaron que sería recibido por el subsecretario de Defensa al Consumidor y Derechos Humanos, Fernando Dagatti.
“Si bien no me atendió el intendente como era mi idea, al menos me llamó el Dr. Dagatti y le pude plantear nuestro conflicto. Hubiera sido bueno que me atendiera Raimundo, pero, igualmente vamos a ver a que solución podemos llegar para todos los damnificados”, expresó a DATA365.
Un viejo conflicto
El conflicto que enfrentan las familias de Villa Felisa se remonta a los años ’70, cuando la firma Fraiman Vanzini SRL vendió alrededor de 15 terrenos a Juan Z., quien posteriormente los revendió a distintas familias mediante boletos de compra-venta y cesión de derechos.
La mayoría de los vecinos no cuenta con escrituras de sus propiedades, lo que ha sido aprovechado por la inmobiliaria que ahora, más de 50 años después, inició acciones judiciales para recuperar los terrenos y expulsar a las familias. Solo les ofreció la posibilidad de recomprar los lotes para lo cual les exige entre 12 y 17 mil dólares, a pesar de la falta de servicios que existe en esa zona de la ciudad.
De este modo y desde hace meses, estos sanlorencinos y sanlorencinas viven una situación de extrema incertidumbre y temor ante la posibilidad de perder sus hogares, que han sido su lugar de residencia por décadas.
