A pocas horas de las elecciones del domingo 13 de abril, el oficialismo de San Lorenzo quedó en el centro de una grave denuncia por violación a la veda electoral y a la Ley de Protección de Datos Personales.
Como pudo confirmar DATA365, desde el entorno del intendente Leonardo Raimundo se están enviando mensajes privados proselitistas a través de WhatsApp a personas que no brindaron su consentimiento para recibir propaganda política, incluyendo a menores de edad.
El mensaje, enviado el día viernes y difundido desde el número celular de una de las integrantes del área de Juventudes de la Municipalidad de San Lorenzo, Leila Chinellato, informa que apoyan la lista de Leonardo Raimundo como convencional constituyente, junto a Gustavo Oggero y Delfina Cavagnero como candidatos a concejales en las elecciones del próximo domingo.
De manera informal, quienes escriben solicitan “una mano” con el voto, aseguran estar disponibles para responder dudas sobre el proceso electoral o sobre las propuestas que presentan, y agradecen de antemano “por el tiempo y el apoyo”.
Este tipo de mensaje no solo infringe la veda electoral -que prohíbe expresamente realizar actividades de campaña dentro de las 48 horas previas a los comicios-, sino que también evidencia una preocupante utilización de datos personales, incluso de menores, sin autorización.
Entre los casos relevados por este medio se encuentra el de una menor de 15 años que recibió el mensaje en su teléfono personal. “Tengo 15 y no puedo votar. No preguntaron mi edad. Violaron mi privacidad, ya que nunca accedí a dar mi número. No sé de dónde lo sacaron. No consentí a nada y violaron mi privacidad”, expresó indignada la adolescente.
Otro testimonio, también de una joven, refleja la misma preocupación: “Soy menor y violaron mi privacidad. Nunca consentí que me manden cosas políticas. No sé cómo tienen mi número de teléfono… tengo miedo”, confesó.
Ambos casos no solo exponen una estrategia desesperada del oficialismo por captar votos, sino también una falta total de escrúpulos al dirigirse a menores de edad utilizando sus datos personales sin ningún tipo de autorización ni control.
Cabe recordar que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales protege los datos de las personas físicas en archivos, registros y bases de datos, sean públicos o privados. La utilización de teléfonos celulares con fines políticos sin consentimiento, especialmente cuando involucra a menores, representa una violación directa a esta normativa.
El oficialismo parece más preocupado por no perder el poder que por respetar los derechos individuales y la legalidad en una actitud que encendió alarmas en distintos sectores de la comunidad que están dispuestos a radicar denuncias ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
En una elección donde la ciudadanía se juega algo más que nombres propios, este tipo de prácticas oscuras pone en jaque la transparencia democrática y el respeto por los derechos fundamentales.
