En vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el «Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos» de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó un informe alarmante: solo el 12% de las víctimas de femicidio en 2024 había realizado denuncias previas contra sus agresores.
Este porcentaje, el más bajo en los últimos cinco años, refleja una grave desprotección hacia las víctimas. En comparación, en 2023 las denuncias alcanzaron el 23%; en 2022, el 16%; en 2021, el 21%; y en 2020, el 17%.
El informe alerta que esta disminución es consecuencia directa de la falta de herramientas efectivas que alienten a las víctimas a denunciar, el desmantelamiento de políticas de prevención y la precarización de servicios como la línea 144 de asesoramiento.
Además, señala que “las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ enfrentan un mayor riesgo cuando se eliminan políticas públicas obligatorias y se legitiman discursos de odio que normalizan la violencia de género”.
MuMaLa reveló otros datos preocupantes sobre los femicidios en 2024, detallando cifras que evidencian la magnitud de la violencia de género en el país: 212 femicidios registrados, es decir, uno cada 37 horas, de los cuales 154 fueron femicidios directos; 8 fueron trans/travesticidios y 3 fueron lesbicidios; 17 estuvieron vinculados al narcotráfico o al crimen organizado y 7 fueron suicidios feminicidas. Además, hubo 526 intentos de femicidio.
Tras detallar que la edad promedio de las víctimas es de 36 años, el informe destaca que la violencia no solo afecta a las víctimas, sino también a sus familias: 192 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos, de los cuales 164 podrían acogerse a la Ley Brisa (de protección y asistencia económica a los hijos de víctimas de feminicidios). Sin embargo, no se registraron nuevos beneficiarios de esta normativa en 2024, dejando a estas infancias sin el apoyo económico y legal que les corresponde.
Exigen medidas urgentes al Estado
Desde organizaciones feministas y de derechos humanos se reclama al gobierno nacional la restitución y fortalecimiento de las políticas públicas para enfrentar la violencia machista. Señalan que “el incumplimiento de leyes y normas compromete al Estado argentino” y que “las políticas y discursos de odio habilitan todo tipo de violencias”.
En este contexto, las organizaciones advierten que el retroceso en la implementación de políticas preventivas y de contención agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En un país donde la violencia de género cobra vidas cada día, los reclamos por una acción estatal inmediata son urgentes y necesarios.
Fuente: Adriana Ramírez, Columna de Género del programa “Día a Día”, FM Puerto 102.5 Mhz
