El concejal Esteban Arico criticó duramente los aumentos aplicados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), al considerar que se trata de incrementos “desmedidos y confiscatorios”, especialmente para los jubilados. “Estamos ante un escenario en el que pagar la luz se vuelve imposible de sostener para quienes tienen bajos ingresos”, expresó.
Las nuevas facturas de energía, que comenzaron a llegar en los últimos días, reflejan la acumulación de aumentos aplicados desde enero. El primer tramo fue del 25% con respecto a diciembre, pero el impacto acumulado es mucho mayor. Los incrementos entre diciembre de 2023 y enero de 2025 oscilan entre el 350% y el 550% para usuarios residenciales, pequeñas industrias y comercios, aun manteniendo el mismo nivel de consumo.
La situación se agrava con la eliminación de subsidios y los ajustes tarifarios, lo que deja a miles de usuarios ante cifras imposibles de afrontar. Algunos vecinos reportan boletas que superan los $ 90.000 y hasta los $ 170.000, mientras que muchos jubilados con ingresos que apenas alcanzan los 300.000 pesos aseguran que deben destinar más de un tercio de su haber a pagar la tarifa eléctrica.
En consonancia con la comunidad de jubilados y organizaciones de consumidores, Arico alerta sobre el carácter “confiscatorio” de las tarifas. Este concepto se aplica cuando el costo de un servicio esencial como la electricidad supera un umbral razonable en relación con los ingresos del usuario, afectando su capacidad de cubrir otros gastos básicos. Aunque no existe un porcentaje fijo, el 33% del ingreso mensual es un tope tradicionalmente aceptado como un límite razonable.
“Muchos jubilados tienen que elegir entre pagar la luz o comprar medicamentos. Esto no puede seguir así. La luz no puede ser un lujo. Es un servicio esencial que debe estar garantizado con criterios de justicia y equidad”, exclamó Arico.
El concejal pidió a las autoridades provinciales que atiendan con urgencia la situación y revean el esquema tarifario vigente. También, planteó la necesidad de establecer mecanismos de protección específicos para los jubilados, que contemplen su realidad económica y garanticen el acceso pleno a un servicio esencial como la energía eléctrica.
